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.: DECLARACIONES Y SOLICITADAS


 
:: Responsable de la página: Gonzalo Moyano
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Ante la crisis económico social algunas reflexiones y propuestas de la Comisión Pro Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.

24 de Julio de 2001.

Ante la grave situación económico-social, la Comisión Pro Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires manifiesta su más honda preocupación por la incidencia que ella tendrá sobre la condición sanitaria de nuestro país y particularmente, por las medidas de “ajuste” anunciadas recientemente por el gobierno.

En efecto, la política económica y social ordenada por el Fondo Monetario Internacional y otros centros internacionales de poder y cumplida obedientemente por los gobiernos que se van sucediendo, mas allá del color político, impacta severamente en nuestro pueblo, condenando a enormes masas al hambre, la desocupación, la marginalidad estructural. Ello conlleva al desconocimiento de los derechos humanos con condicionamiento económico social, situación que forzosamente afectara a los demás derechos y libertades ciudadanas, atento la intima ligazón existente entre todas las categorías de derechos. Así ya se están viendo recortes en las libertades pública y una creciente represión y criminilización de la protesta social.

La salud no esta al margen de esta dura situación, a las ya introducidas reformas de arancelamiento - exclusión de la atención de los Hospitales de Autogestión se produce hoy:
a) el desabastecimiento de los insumos básicos asistenciales como: medicamentos, jeringas, elementos quirúrgicos, alimentos para internados, etc.,
b) un nuevo recorte salarial y el cobro en bonos, producto ambos, del salvaje recorte presupuestario sobre las políticas públicas-sociales; y
c) se suma ahora la declaración de Emergencia Económica de los Centros Sanitarios, anunciada en la Provincia de Buenos Aires pero que podría extenderse a las demás provincias. Alguien podría creer que tal “emergencia” se habría declarado ante la desastrosa situación sanitaria que se manifiesta en el regreso de enfermedades que creíamos desterradas, en la muerte por desnutrición y falta de atención, en las tasas de mortalidad que son enumeradas prolijamente por el Ministerio de Salud y el de Acción Social, la Organización Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud.

Podría suponerse, también, que la “emergencia” se declara para implementar medidas urgentes a fin de paliar esa situación, asignando racional y eficazmente recursos humanos y materiales necesarios para revertirla. Pero no, sucede que la emergencia declarada tiende sólo a implementar o administrar el ajuste antipopular y conlleva dejar a los sectores más humildes de la población privada del elemental y primario acceso de la salud. Como si estuviéramos viviendo en guerra, se dejará de atender a los pacientes que no estén en situación de extrema gravedad o urgencia, por ejemplo oncológicos, postergándose sine die las operaciones programadas, y se coacciona para instituir un comité de emergencia formado por los jefes de servicio de cada hospital, quienes decidirán a quien se atenderá y quién podría aguardar, lo que lo llevará a “merecer” la atención cuando esté más grave, o sea cuando sea ya tarde.

Entendemos que estas medidas económicas, como aquéllas vigentes en 1976, promovidas hoy por uno de los ministros que a través de la dictadura las impuso a sangre y fuego, deterioran aún mas la política vigente

Por eso consideramos que deberán ser resistidas en cada lugar donde se pretendan implementar, particularmente, en los Hospitales y demás centros de salud, pues el único objetivo de estas medidas es que los dueños del dinero sigan nutriéndose y engordando sus arcas con los recursos generados por el esfuerzo y el ahorro propio de varias generaciones de nuestro pueblo formados en experiencia de sociabilidad con el fin de conseguir para si mismos y para sus descendientes un porvenir mejor por un lado, y por el trabajo y la dedicación de miles de profesionales y trabajadores de la salud que han sabido responder a ese esfuerzo, como ejemplos (E.Wilde, R.Carrillo, F.Escardo, etc.). Es ésta una responsabilidad que nos corresponde asumir como profesionales, trabajadores de la salud, como depositarios de ese esfuerzo realizado por el pueblo , ahora despojado de casi todos los derechos civiles, esfuerzo solidario que nos permitió estudiar, poner en practica y perfeccionar los conocimientos adquiridos. Porque el pueblo, la Nación, los trabajadores de nuestro país, dedicaron parte de su trabajo, para que nosotros pudiéramos hoy ser, y en definitiva tener la oportunidad de devolver lo que se ha invertido en nosotros, defendiendo lo que somos y lo que todavía queda del sistema de justicia y equidad que alguna vez existió. Es ese el sentido de la inversión social que la sociedad civil a dispuesto para la formación de profesionales y trabajadores de la salud comprometidos para lograr abatir el padecimiento y el sufrimiento de nuestra gente, de la mejor forma.

Quienes así lo hemos hecho, reafirmamos:
La única manera racional de atender la salud es empezar por la Atención Primaria de la Salud, que es la manera técnicamente más eficiente y menos costoso de salud, y hacerlo para todos. Las otras opciones conducen al malgasto en salud, a la irracionalidad, la injusticia y la inequidad. Lo único que facilitan es el negocio de los capitales que invierten en el negocio de la enfermedad, no de la salud. Y, claro, también facilitan y vehiculizan la corrupción. Exactamente igual que la política económica en general, donde este modelo garantiza nada más que injusticia e inequidad para la enorme mayoría, excelentes negocios para un pequeño y poderoso grupo financiero.

Éticamente, ningún profesional puede avalar la discriminación que pretenden disponer las autoridades, proponiendo que nos encarguemos de ser la puerta de entrada de un sistema que decida sobre la vida, la muerte y la enfermedad de la gente.

Y desde el punto de vista jurídico entendemos que restringir y negar el acceso a la salud a quienes lo necesitan, para cumplir las “metas” del “ajuste” ordenado por el FMI y los banqueros, no solo es muy mala política para un gobierno que se dice democrático, sino que es ilegal, porque violenta claras disposiciones legales y constitucionales. Desde el articulo 14 bis (derechos sociales) hasta el articulo 33 (derechos implícitos), todas se ven afectadas por las medidas del gobierno.

Además el articulo 22 de la Constitución Nacional incorpora a su texto y les da jerarquía constitucional a los instrumentos internacional tuitivos de los Derechos Humanos suscriptos por la Nación y que ese mismo articulo enumera.

Así, la declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, suscripta en Bogota en 1948, establece en su articulo 25.1 “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, como a su familia, la salud y el bienestar y en especial.....la asistencia medica....”

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que había sido incorporado a nuestro ordenamiento legal a través de la Ley 23.050 ya en el año 1984 y que ahora, como se ha referido, tiene jerarquía constitucional, dispone en su artículo 26 que los derechos económicos y sociales, entre ellos la salud, tendrán un desarrollo progresivo y los Estados partes se comprometen a tomar medidas para lograr, progresivamente, la plena efectividad de esos derechos. Deberemos entender como violatorias de la Convención las políticas regresivas, que alejan cada día mas al pueblo del efectivo goce de esos derechos que nuestro país se comprometió a dar efectiva vigencia.

También el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, de Naciones Unidas, igualmente suscripto por nuestro país y con jerarquía constitucional , y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los gobiernos, dispone en su articulo 12.1 que “Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del mas alto nivel posible de salud física y mental”. Enumera luego las medidas que los Estados se comprometen a tomar al respecto y en el articulo 12.2 inc. D) se dice :”la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia medica y servicios médicos en caso de enfermedad.”

El derecho a la salud esta, como se ha visto, amparado por legislación nacional y universal del mas alto nivel. Se trata, pues, de un derecho exigible y no meramente declarativo o programático es un derecho humano personalísimo, es un derecho positivo y en consecuencia una decisión política en tanto el Estado interviene activa y sustantivamente para asegurar a toda la población no solo la promoción y protección de la salud sino el derecho a la atención de la enfermedad, en forma igualitaria en cantidad y calidad independientemente de la situación social, económica y cultural.

Por lo tanto se debe reclamar su cumplimiento en todas las formas posibles, incluidos las demandas de amparo y denuncia judicial.

Convocamos a todas las personas, Instituciones, Colegios Médicos, Organizaciones Gremiales, etc. Interesadas a ponerse en comunicación con nuestra Cátedra a fin de cambiar ideas y experiencias, como asimismo para coordinar las medidas que obligatoriamente deberemos defender para ejercer ética y eficazmente nuestra profesión, y a bregar por el derecho a una salud digna para nuestro pueblo.

Hay banderas que esperan ser levantadas, nosotros somos herederos de un sistema de salud que fue ejemplo en nuestra sociedad y el mundo, pero hoy a pesar de sus graves ineficiencias, errores de administración y coordinación , sigue siendo mas equitativo y solidario que otros sistemas de salud adaptados al modelo de mercado. Esas banderas por las que lucharon generaciones de trabajadores de la salud, muchos de los cuales sufrieron prisión y otros se encuentran desaparecidos , se sintetiza en una consigna que debemos hacer nuestra:

“ POR UNA MEDICINA GRATUITA, IGUALITARIA, CIENTÍFICA, A CARGO DEL ESTADO Y AL SERVICIO DEL PUEBLO”


Comisión Pro Cátedra de Salud y Derechos Humanos. saludverdad@hotmail.com

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